El Perú necesita una descentralización que permita a los gobiernos regionales responder a las necesidades de sus territorios con recursos previsibles, equipos competentes y responsabilidades claras. La crítica central de este informe es que reconocer autonomía no basta si las condiciones para ejercerla son insuficientes.
La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales reconoce autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. También contempla competencias para aprobar su organización y presupuesto, formular planes y administrar bienes y rentas. Por ello, no corresponde describir a las regiones como entidades sin facultades propias. El debate es cómo se articulan esas facultades con el financiamiento, las reglas nacionales y la capacidad de gestión. Fuente: Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, competencias constitucionales.
1. Dependencia financiera y desigualdad territorial
La autonomía requiere recursos suficientes y previsibles. Para evaluar la dependencia financiera de una región es necesario distinguir sus fuentes de financiamiento, las transferencias recibidas, los recursos directamente recaudados y los ingresos vinculados a actividades extractivas. No resulta riguroso atribuir el mismo grado de dependencia a todos los gobiernos regionales sin comparar sus presupuestos.
El problema que debe examinarse es la correspondencia entre responsabilidades y capacidad financiera: qué servicios debe prestar cada entidad, cuánto cuesta sostenerlos y con qué recursos cuenta. Las diferencias territoriales y la variabilidad de los ingresos deben incorporarse a esa evaluación.
2. Reglas presupuestarias: control necesario y obstáculos que deben demostrarse
La disciplina fiscal y los controles protegen el uso de los recursos públicos. La crítica debe dirigirse a procedimientos concretos que generen duplicidad, demoras injustificadas o falta de coordinación, no a presentar toda supervisión nacional como un obstáculo.
No todo recurso no ejecutado se pierde al cierre del año. Las orientaciones del MEF de 2025 explican que los recursos financieros de fuentes distintas de Recursos Ordinarios que no fueron utilizados al 31 de diciembre pueden constituir saldos de balance. Su incorporación está sujeta a las reglas y límites aplicables. Por tanto, debe distinguirse entre fuente de financiamiento, crédito presupuestario y disponibilidad financiera, sin afirmar que todo dinero no gastado retorna automáticamente al Tesoro. Fuente: MEF, orientaciones sobre saldos de balance, 2025.
La continuidad de las obras debe analizarse proyecto por proyecto, incluyendo financiamiento, contratación, expedientes técnicos y costos de operación y mantenimiento.
3. Competencias de inversión y coordinación entre niveles de gobierno
Invierte.pe no exige que todos los proyectos se aprueben en Lima. La documentación del MEF señala que las Unidades Formuladoras de los distintos niveles de gobierno formulan y evalúan proyectos y declaran su viabilidad. La existencia de metodologías nacionales no equivale a una aprobación central de cada inversión. Fuente: MEF, instructivo sobre formulación y evaluación.
La discusión pertinente es si cada entidad dispone de equipos, información y coordinación suficientes para ejercer sus competencias. Cuando un proyecto se retrasa, debe identificarse la etapa, la entidad responsable y la causa antes de atribuirlo exclusivamente al gobierno central o regional.
4. Capacidad institucional y continuidad técnica
La profesionalización de la gestión pública es una condición para que la autonomía produzca mejores servicios. SERVIR tiene como misión liderar el sistema de gestión de recursos humanos y consolidar el servicio civil en los tres niveles de gobierno. El acceso meritocrático constituye una referencia para fortalecer esa capacidad. Fuente: Autoridad Nacional del Servicio Civil.
Como propuesta, se plantea fortalecer la selección por mérito, la capacitación, la transferencia de conocimiento y la continuidad de los equipos técnicos. No se afirma que la incorporación a un régimen elimine automáticamente la rotación, ni que exista una fuga generalizada de profesionales hacia Lima sin datos que permitan demostrarla.
5. Fragmentación territorial y representación política
Los problemas de transporte, agua, salud o desarrollo productivo pueden abarcar varias jurisdicciones. Una gestión centrada únicamente en los límites administrativos corre el riesgo de fragmentar las soluciones.
La coordinación territorial debe evaluarse por sus resultados: proyectos conjuntos, compromisos de financiamiento, responsabilidades compartidas y mecanismos de rendición de cuentas. La integración en macrorregiones puede discutirse como una alternativa, pero no garantiza por sí misma mayor eficiencia ni poder de negociación.
Mapeo de los problemas que deben evaluarse
| Dimensión | Pregunta de diagnóstico | Evidencia necesaria |
|---|---|---|
| Financiera | ¿Los recursos corresponden a las responsabilidades y necesidades del territorio? | Presupuesto por fuente, transferencias, ejecución y costos de los servicios. |
| Administrativa | ¿Qué procedimiento o entidad está retrasando una inversión? | Expedientes, plazos, observaciones y responsabilidades de cada etapa. |
| Técnica | ¿Existen equipos suficientes y continuidad institucional? | Perfiles de puestos, rotación, capacitación y desempeño. |
| Territorial y política | ¿Las entidades coordinan para resolver problemas compartidos? | Acuerdos, proyectos conjuntos y resultados verificables. |
Propuestas de reforma y condiciones para su evaluación
Las siguientes propuestas son opciones para el debate. No se presentan como medidas vigentes, consensos de especialistas ni garantías de resultados.
1. Financiamiento previsible y compensación territorial
Evaluar mecanismos que mejoren la correspondencia entre funciones, costos y recursos. Una eventual participación regional en ingresos tributarios debería estudiar la distribución real de la actividad económica, los incentivos a la formalización y sus efectos sobre la sostenibilidad fiscal.
La compensación territorial debe analizar los mecanismos existentes antes de crear otros nuevos. Retener recursos únicamente donde se recaudan podría ampliar las diferencias entre territorios; cualquier reforma debería considerar necesidades, capacidad fiscal y brechas de servicios. No se propone aquí un porcentaje tributario ni una fórmula de reparto específica.
2. Mejor planificación de inversiones y continuidad financiera
Fortalecer las facultades y capacidades que ya existen en Invierte.pe, identificar trámites redundantes y mejorar la coordinación sectorial. La simplificación debe mantener controles técnicos y transparencia.
Promover una programación de mediano plazo que considere el ciclo completo de cada obra y su funcionamiento posterior. La continuidad financiera debe diseñarse conforme a las reglas presupuestarias y a la fuente de recursos, no basarse en la premisa incorrecta de una reversión universal al cierre del año.
3. Servicio civil y equipos regionales estables
Impulsar el mérito, la capacitación y la continuidad técnica, junto con incentivos de atracción y permanencia evaluados según las necesidades de cada territorio. Las mejoras deben medirse por la calidad de los proyectos y servicios, no solo por cambios de régimen o nuevas contrataciones.
4. Cooperación territorial e integración gradual
Evaluar la articulación por cuencas, corredores económicos y redes de servicios. Antes de proponer una reorganización territorial, conviene comparar sus costos, beneficios, viabilidad y mecanismos de representación y control.
Una eventual macrorregión necesitaría acuerdos de gobernanza y distribución de recursos. El aumento de escala también puede generar nueva burocracia o concentrar decisiones en otra capital; por ello, no debe confundirse integración con descentralización efectiva.
Comparación entre problemas de diagnóstico y objetivos de reforma
| Dimensión | Problema por comprobar | Objetivo propuesto |
|---|---|---|
| Ingresos | Insuficiente previsibilidad o desajuste entre funciones y recursos. | Financiamiento estable con criterios de equidad territorial. |
| Inversiones | Demoras, duplicidad o falta de capacidad en etapas identificables. | Mejor evaluación y ejecución, con responsabilidades claras y controles útiles. |
| Personal técnico | Rotación o carencias profesionales que afectan la continuidad. | Equipos seleccionados por mérito, capacitados y evaluados. |
| Escala territorial | Fragmentación de intervenciones que requieren coordinación entre jurisdicciones. | Cooperación por cuencas y ejes económicos; integración territorial sujeta a evaluación. |
Conclusión
El centralismo debe cuestionarse cuando concentra decisiones sin responder adecuadamente a las necesidades territoriales. Pero una reforma sólida exige distinguir los obstáculos del diseño institucional de los errores de gestión y de las capacidades que ya existen y no se aprovechan.
El objetivo no es sustituir la dependencia de Lima por otra concentración de poder ni trasladar recursos sin controles. Es construir gobiernos regionales capaces, con financiamiento previsible, competencias claras y responsabilidad ante la ciudadanía, dentro de un Estado que coordine sin anular la autonomía.